EL FUTURO DE NUESTRA CAPITAL

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VISLUMBRES
Abelardo Ahumada

En el municipio de Colima existe una oficina muy importante, con la que (exceptuando tal vez Manzanillo) no cuentan los demás municipios de la entidad, que ha hecho grandes aportes al estudio del desarrollo urbano y sus características y problemática, pero a la que incluso algunos funcionarios de las sucesivas administraciones municipales, o no conocen, o no han valorado suficientemente. Me refiero al Instituto de Planificación para el Municipio de Colima, constituido en 2006, “mediante un acuerdo de creación” que el Cabildo de aquel entonces sostuvo con su similar de Vancouver, Canadá, con la finalidad de insertar a Colima “en la Red Internacional de Ciudades Sustentables”.

Red que precisamente exigía, a todas las ciudades que desearan integrarse a ella, crear un organismo municipal de planeación que entre sus características indispensables debería promover “la participación ciudadana” en todos los temas de la ciudad, con miras a ya no vivir en el caos y las dificultades que por lo regular se derivan del hecho de que cada administración municipal que llega, suele, por una parte, suprimir o cancelar los trabajos iniciados por las anteriores, e impulsa, por otra, como si “estuviera descubriendo el hilo negro, o el agua hervida”, algunas acciones de supuesto desarrollo urbano que, para desfortuna de sus habitantes, a veces no pasan de ser meras ocurrencias del primer edil en turno.
El IPCO, pues, desde 2006, ha estado trabajando sobre la idea de que promover “el desarrollo urbano y territorial de manera sostenible, a través de proyectos planes y programas a corto, mediano y largo plazo, considerando su influencia en la zona metropolitana y la participación ciudadana como un nuevo concepto para la gobernabilidad” de la misma.

Este organismo (que no es único en el país, pero que por su funcionamiento sí lo es en nuestra entidad) tuvo, por ley, que integrar un Consejo Municipal de Participación Social, en el que convergen algunos representantes de otros organismo, cámaras, colegios e instituciones públicas, no tanto para vigilar su trabajo o el destino de sus recursos, sino para opinar, desde afuera de las administraciones municipales también en turno, acerca de los planes y programas que todas ellas establecen en su tiempo, con miras a enfrentar y resolver los problemas que la población encara, y para poder construir, realmente entre todos, una mejor ciudad, más limpia, más segura, con mejores y mayores empleos y con un buen ambiente social y natural, en la medida que esto último sea posible.

Menciono todo esto último, porque el personal que participa en el IPCO, se ha caracterizado por aprovechar muy positivamente las ventajas de comunicación que ofrece la Internet y por incrementar las relaciones que desde su surgimiento se han venido estableciendo con otros organismos más o menos similares que hay en el mundo, para estudiar algunos planes y programas de trabajo que en esas otras ciudades se han llevado a cabo con éxito, no tanto para “copiarlos, pegarlos” y aplicarlos tal cuales a la realidad de Colima, sino para ver las coincidencias que hay entre unos y otros, y seleccionar lo mejor.

Dentro de este contexto, lo más novedoso que el IPCO empezó a promover, de común acuerdo con la alcaldía encabezada por Héctor Insúa, y con el gobernador del estado, José Ignacio Peralta Sánchez (que también fue presidente municipal), es el Proyecto de Revitalización (y aprovechamiento de las márgenes) del Río Colima, cuya primera etapa ya está a la vista, a partir, precisamente, del puente doble que durante su primera administración construyó la alcaldía encabezada por Leoncio Morán Sánchez, sobre la avenida 20 de Noviembre.

Y otra de sus grandes acciones, cuyo resultado tal vez no se pueda ver a corto plazo, es la de haber logrado insertar a Colima en un programa promovido por la Fundación Rockefeller, que se llama “Cien Ciudades Resilientes”, y cuyo principal propósito es, grosso modo, el de analizar, primero, cuáles son los peligros a los que históricamente la ciudad ha estado expuesta, y prever aquéllos a los que eventualmente se puede exponer, con miras, ya no sólo a “tener que actuar” después de las catástrofes, sino a prever dónde podrían ocurrir, y qué se puede hacer para, en su caso, reducir los daños y promover la más pronta recuperación de las áreas destruidas o lastimadas. Algo que, desde mi perspectiva deberían intentar hacer todos los municipios de Colima y México, para trascender el funesto “cortoplacismo” que durante décadas (e incluso siglos) han padecido tal vez todos los pueblos y ciudades de México.

MANZANILLO Y LAS OTRAS CIUDADES. –

Aunque hay muchos visitantes a los que la zona conurbada de Colima y Villa de Álvarez, les parece (a primera vista) armónica, muy bonita, bastante verde y dotada con muy modernas vialidades, lo cierto es que, analizadas por expertos con mayor detalle, ambas ciudades padecen lo que algunos urbanistas internacionales denominan “el modelo tres D”. Pero no porque tal nombre tenga que ver con las tres dimensiones del espacio, sino porque su modelo de crecimiento hasta la fecha, las ha convertido en “ciudades dispersas, desconectadas y desordenadas”, en vez de ser como quizá son las ciudades que a la fecha tienen la mejor calidad de vida.

A ningún paisano que suela transitar con sus ojos bien abiertos a lo que sucede a su alrededor, se le habrá ocultado el dato de que, no sólo en Colima y Villa de Álvarez, sino en Tecomán y Manzanillo, sobre todo, la dispersión de los espacios habitables se ha hecho cada vez más visible desde hace unos veinte años para acá, y que todas las nuevas parejas que se van formando, tienen que salir a buscar sus casas iniciales cada vez más lejos de los centros históricos de todas estas ciudades, con el consecuente desgaste económico, no nada más de sus bolsillos, sino de las administraciones municipales, a las que, precisamente por tal dispersión, se les dificulta (y encarece) enormemente, llevar los servicios públicos o mantenerlos operando de un modo satisfactorio.

Y todo eso se debe a que, en efecto, el crecimiento de todas las ciudades no ha sido debidamente planeado y, por el contrario, en vez de ser ordenado, ha sido (y/o está siendo) un tanto caótico, debido, curiosamente, a que, una parte, los “desarrolladores de vivienda”, entusiasmados por hacer jugosos negocios, van y compran potreros en breña, en la periferia de las poblaciones, y luego los empiezan a fraccionar y a vender, algunas veces con el consentimiento disimulado de las autoridades que deberían vigilar que ello no ocurra, y en otras con su franco permiso entregado por escrito. Involucrándose así, tal vez mediante mordidas, con los desarrolladores más voraces y hasta con ciertos empleados de nivel estatal y federal que también tienen algo que ver con eso.

En este sentido, pues, y tomando en cuenta que dentro de ya menos de una semana estarán tomando posesión de sus nuevos cargos ¡y responsabilidades!, los diez presidentes municipales que resultaron electos el primer domingo de julio, muy bueno sería que todos ellos tuvieran muy clara la urgente necesidad que tienen de planificar razonable y sustentablemente el desarrollo de los pueblos y las ciudades que habrán de gobernar, sin desdeñar la resolución de problemas conjuntos que eventualmente atañen a varios municipios vecinos, como serían los cinco que, aun sin haberlo intencionadamente buscado, están formando la zona metropolitana en torno a la capital del estado; o como es el caso también de las ciudades de Armería y Tecomán, separadas ya, nada más, por el río del que lleva el nombre del primero; o como el muy disperso, desparramado, desordenado y desconectado (“Modelo Cuatro D”) que es Manzanillo, a cuya expansión urbana se le debe, en primer término, la desaparición de las originales rancherías de San Pedrito, Tapeixtles, Salagua y Santiago; y ya más cerca de nuestros días, la conurbación con Colomos, Jalipa, Miramar, Chandiablo, El Naranjo y La Central.

LOS PRIMEROS PASOS. –

Después de la muy accidentada, primera asamblea, que tuvo la LIX Legislatura Estatal, ya no ha sido mucho lo que en las redes sociales se haya dicho de ella o de sus integrantes; mismos que están todavía sumidos en las obligadas tareas de organización interna, y en el reparto de las obligaciones (¿y en el pleito por las prebendas?) que derivan de ello.
No obstante, quise dejar para hoy el comentario acerca de un volante que aquel memorable día estuvieron repartiendo en las instalaciones y anexos del Congreso Local, los anónimos miembros de un tal “Colectivo Ciudadano” [¿colimense?] que al parecer forma parte de otro organismo presuntamente nacional que se autodenomina “Congreso Nacional Ciudadano” (CONACI).

No me interesa ensalzar las actividades y propuestas de quienes prefieren mantenerse ocultos en el anonimato. Pero como algunas de sus propuestas sí me parecen muy lógicas, las comentaré, en el entendido de que tampoco son una novedad, sino porque simplemente son oportunas.

La primera es una exigencia de que nuestros nuevos representantes populares “legislen para (o con) el único fin [de propiciar] el bienestar de los colimenses”; la segunda, de que las leyes que promuevan o decreten sirvan para “fortalecer la justicia y las instituciones”, todo ello mientras que mantienen, por un lado, el equilibrio entre los tres poderes, y procuran, por otro, la independencia del Legislativo respecto al Ejecutivo. Nada, pues, que sea demasiado exigir, y que no puedan (si así lo quisieran) realizar los integrantes de la nueva mayoría del Congreso.

Más allá, sin embargo, de lo anterior, me llama la atención que estos ciudadanos anónimos le exijan a los diputados no más simulaciones, y que, dentro de sus nuevos dictámenes se autorregulen en materia económica, asignándose, para comenzar “un sueldo (sic) digno y austero, sin privilegios”, “un aguinaldo de 15 días, conforme a la Ley Federal del Trabajo, y que paguen [de sus propias dietas o recursos] su teléfono, su gasolina”, las tortas y todo lo demás, “como todo empleado común”.

Exigencias que también me parecen muy razonables, aunque a nuestros nuevos diputados tal vez no les parezcan tanto, sobre todo porque los suscribientes del mencionado volante los llaman “empleados”. Nominación, por otra parte, que es totalmente cierta, en la medida de que fueron electos por el pueblo, su patrón, su pagador, para que con su poder y en su representación velen por los intereses de la ciudadanía y eviten, cuando los haya, los excesos del gobierno.

No es, sin embargo, una labor sustantiva de los diputados, la que estos ciudadanos anónimos les exigen al reclaman que lleven “a prisión al funcionario que traicionó, o traicione la confianza de los colimenses por corrupción o desfalcos”, etc., pero entiendo que todo eso quisiéramos que los integrantes del Poder Judicial hicieran, para castigar la corrupción, tan extendida, y para evitar la impunidad, tan cotidiana.

En fin, concluyo esta colaboración diciendo que no sería nada malo, tampoco, que como estos tímidos ciudadanos anotaron en su volantito, los aun flamantes diputados tengan el honor y el valor de legislar en torno a un viejo anhelo de la ciudadanía: que se establezca en las leyes de Colima la revocación del mandato para los alcaldes y los gobernadores en turno, en la mitad de sus periodos.

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