INJUSTICIAS LEGALES. –

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VISLUMBRES

Abelardo Ahumada

A mediados de agosto pasado, trascendió el dato de que en su papel de Secretario General de Gobierno, Arnoldo Ochoa González, turnó al Congreso local, aprobadas desde luego por el gobernador, “cuatro iniciativas” conteniendo un “proyecto de decreto”, mediante el que se les estaba notificando a los diputados la próxima jubilación de tres magistrados y un juez del Supremo Tribunal de Justicia, con un pago superior a los 101 mil pesos al mes para cada uno de los tres magistrados, y de un poco más de 46 mil pesos, para el juez en cuestión.

Y apenas el fin de semana que acaba de transcurrir se publicó un trascendido similar, en el que se mencionaba que dicho gobernador habría aprobado también la jubilación de dos muy conocidos profesores estatales, que a la fecha fungen como diputados fieles al partido del primer mandatario. Jubilaciones, ambas, muy inferiores a las de los tres magistrados, pero que no creo que muchos nos atreveríamos a desdeñar, porque superan los 42 mil pesos mensuales por piocha.

Al enterarse de lo anterior, es muy posible que los amigos, los compadres y los familiares, sobre todo de los magistrados, pero también del juez y los profesores, se hayan mostrado contentos; tal vez ponderando que tamañas jubilaciones son muy merecidas por esos inteligentes paisanos. Pero, por otra parte, me consta que de inmediato se manifestaron otros, criticando los montos asignados, en la medida de que, comparando esas sumas con las muy raquíticas pensiones que recibe la mayoría de los trabajadores asalariados, descubren que hay en ellas una enorme “disparejez”. Término bastante gráfico que hoy quiero utilizar, aunque quizá no esté en el diccionario.

El primero de los decretos que mencioné, se publicó finalmente en el Periódico Oficial del Estado de Colima apenas el 30 de agosto anterior y, lo más notorio del caso, es que como se trata de tres muy cuantiosas jubilaciones para los tres magistrados y un juez, aparecen en él, como coludidos, los principales integrantes de los tres poderes que constitucionalmente son parte del gobierno estatal.

Y en cuanto al segundo caso, hay compañeros maestros que conocen muy bien a los dos profesores diputados que afirman: “Ninguno de los dos trabajó más de diez años frente a grupo, porque primero se metieron a la Sección XXXIX del SNTE y luego se la han pasado de regidores, diputados y alcaldes o aspirantes a alcaldes, pero siempre cobrando sus plazas de maestros”.

  • ¿Es eso legal? – Todo parece indicar que sí.   Pero ¿es eso justo?  – Todo parece indicar que no.

De ahí el título que le puse al primer apartado de esta columna.

LA PRESUNTA INDEPENDENCIA DE LOS TRES PODERES. –

Aprovechando la oportunidad que nos brinda el tema, quiero mencionar que en nuestra “conciencia colectiva” existe un gran supuesto de carácter incluso patriótico, que los profesores de civismo se encargaron de inculcarnos, pero que desafortunadamente no coincide con la realidad histórica:

El supuesto a que me refiero dice que en el Estado Mexicano existen tres poderes básicos de cuyo equilibrio depende la estabilidad nacional en un marco de democracia y justicia: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial.  Poderes que en teoría son autónomos, aunque la mayoría sabemos que casi nunca lo han sido, no sólo porque el titular del Poder Ejecutivo ha funcionado históricamente en México como un monarca sexenal, sino porque hasta hace muy poco todavía ese mismo titular nombraba a los integrantes del Poder Judicial y “palomeaba” las listas de los candidatos a senadores y diputados integrantes del Congreso de la Unión, debiéndole casi todos ellos “el puesto”.

Esa antiquísima práctica fue iniciada por el presidente Juárez cuando decidió crear el Senado para evitar que la Cámara de Diputados tuviera suficiente poder como para quitarle las facultades omnímodas con las que se acostumbró a gobernar, y cobró singular vigencia durante los treinta y tantos años que duró el Porfiriato, cuando el presidente se convirtió en dictador y comenzó a nombrar, elegir o deponer jueces, magistrados, diputados y senadores a su más entero gusto y satisfacción, brincándose todas las trancas en materia legal y en materia electoral. Debiéndole todos esos funcionarios y “representantes populares”, obediencia y acato hasta la ignominia, si deseaban conservar los cargos y los privilegios que de tales designaciones nacían.

¿En dónde estaba, pues, la supuesta independencia de “los tres poderes de la Unión” en la época porfirista? En ninguna parte, salvo en el papel en que fue impresa la Constitución de 1857.

LA REVOLUCIÓN Y LAS NOVEDADES QUE TRAJO CONSIGO. –

Cuando Madero, Carranza, Villa, Zapata, Orozco y casi todos demás caudillos y sus seguidores se levantaron en armas, lo único en que coincidían era que debía de haber un cambio radical en aquel “orden de cosas”, para que los sucesivos presidentes de la república ya no fueran caciques de alcance nacional, ni los gobernadores fueran unas calcas suyas, convertidos en caciques locales o regionales, como había sido hasta entonces.

El problema con los revolucionarios fue que, no habiendo entre los promulgados ninguna otra coincidencia ideológica o formal, todos ellos se comenzaron a disputar el poder por el poder, y se suscitó “La Bola”, hasta que pasada la Convención de Aguascalientes, los líderes se convencieron en la necesidad de que hubiese un marco legal en el que pudieran moverse todos, y decidieron impulsar a los más brillantes de sus seguidores, amigos y colaboradores para que se convirtieran en integrantes del Congreso Constituyente de 1916, que terminó promulgando la Constitución de 1917. Y en la que una vez más, el ya mencionado “espíritu de la ley”, abogaba por la existencia, la independencia y la complementariedad de “los tres Poderes de la Unión” que ya fueron mencionados.  Poderes a los que, sin embargo, sus primeros integrantes no pudieron, o no supieron brindar la autonomía que les otorgó la Carta Magna. Tal vez porque les tocó nacer en un país en el que prevalecían costumbres atávicas, y en la que una de ellas era la de obedecer, ciega y mansamente, al que sabía mandar.

Atavismo que favoreció el surgimiento del Partido Nacional Revolucionario, por orden y gracia de uno de los más perversos y criminales caciques sonorenses, y que con el paso del tiempo,  ya transformado en el PRI, estableció en nuestro país “la dictadura perfecta”, como muy bien la calificó  el escritor peruano Mario Vargas Llosa. Una dictadura propugnada y sostenida por “el partido de Estado”, en la que, para fingir ante el mundo que aquí había democracia, se rolaban los presidentes-monarcas cada seis años, conservando su omnipotencia de reyes sexenales delante del pueblo y los otros dos poderes, a quienes siempre tenía sujetos a sus dictámenes, violentando así la Constitución, aun cuando los legisladores y los jueces y los magistrados dijeran que eso no era cierto.

Tales abusos y otros más que no he mencionado, pero que derivaron en las muertes, las desapariciones y los encarcelamientos de los disidentes, así como en el enriquecimiento ilícito e inexplicable de la mayor parte de los funcionarios públicos, provocaron las rebeliones estudiantiles y sindicales de los años 60as y 70as, que en su mayor parte fueron reprimidas con violencia. Cobrando una mayor fuerza y alcance durante las elecciones de 1988, que ya fue cuando se comenzó realmente a resquebrajar la dictadura encubierta por el partido oficial.

MEDIO SIGLO DESPUÉS. –

Hoy, cincuenta años después del Movimiento del 68, y treinta años más tarde de las elecciones de 1988, tenemos, finalmente, un escenario político diferente en el que su principal líder y la mayoría de sus más notables seguidores tienen amplias y profundas coincidencias en cuanto que, como lo marcan los antiguos cánones, “el gobierno deberá ser del pueblo y para el pueblo”, y no para privilegiar a una minoría. Pero ¿qué pasa mientras tanto? – Muchos de los beneficiarios del antiguo régimen están que trinan de coraje, y evidentemente se resisten al cambio y a perder los privilegios de que habían gozado: a los integrantes del Poder Legislativo a nivel federal  no les dará el pueblo ninguna oportunidad de seguir auto favoreciéndose a sus anchas porque, habiendo una nueva mayoría parlamentaria que coincide con los planteamientos del presidente electo, no les quedará otra opción más que la de buscar y conformarse con la “honrosa medianía” económica de la que, para reconocer también lo bueno, también hablaba don Benito Juárez.

Y al titular del Poder Ejecutivo tampoco se le permitirá no intentar al menos cumplir sus promesas, entre las que precisamente se halla la de bajarse el sueldo a la mitad de lo que actualmente gana el presidente Peña Nieto. Pero ¿qué va a pasar entonces con los ministros de la Suprema Corte de Justicia y todos los demás miembros de alto nivel del Poder Judicial en la Federación y en los Estados? – Bueno, pues todos ellos estarán obligados también a no desentonar con lo que hagan y aprueben los otros dos poderes, y tarde o temprano tendrán que disminuir sus emolumentos, o someterse al juicio popular, que suele ser implacable.

Pero mientras que son peras o son manzanas, ya hay muchos encumbrados por ahí, como los tres magistrados de Colima, el juez y los dos diputados-profesores que mencioné al principio, ¡que no quieren dejar de disfrutar de sus prebendas y sus privilegios! Y que por lo mismo (lo acaban de demostrar) están dispuestos a aprovechar los injustos resquicios de la legalidad actual  para irse a gozar de ellos hasta que mueran.

Quienes estamos fuera del gobierno estatal y no aspiramos a ningún cargo público, no nos negamos a que tanto a los funcionarios de gobierno, como a nuestros supuestos representantes populares, se les pague razonablemente bien, para que cumplan con sus deberes incluso con cierto gusto y no nada más por obligación, pero asimismo demandamos que no abusen, que se midan, y que no aprueben leyes a modo para beneficiarse ellos y sus partidos o grupos de poder, porque por encima de cualquier otro interés y consideración, lo único que han de tomar todos ellos en cuenta es el beneficio del pueblo.

SEXTO Y ÚLTIMO INFORME DE EPN. –

Ya se ha hablado y escrito demasiado acerca del último informe de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, y como no quiero repetir nada de lo que ya se dijo, me concretaré a comentar un dato un poco menos obvio: me refiero a que, si las cosas siguen como van, éste sí será el último presidente de la república que haya emanado del PRI, al menos del PRI tal como lo hemos conocido hasta hoy, porque, para comenzar, ese antiguo gran partido quedó, en las elecciones de julio anterior, reducido al más mínimo y vergonzante nivel gubernamental que haya quedado jamás, y porque, para concluir, debe millones a sus proveedores, tiene empeñados incluso sus propios edificios de la ciudad de México, y no volverá a recibir (al menos durante los tres próximos años), ni siquiera un tercio de los recursos económicos que solía entregarle el INE.

Todo ello aún sin hablar del bajísimo nivel de popularidad que hoy tiene quien hace seis años fue su muy flamante y televisivo candidato a la presidencia de la república.

Los dirigentes actuales del PRI dicen (o tratan de dar a entender), que todos ellos tienen la capacidad para reinventar al partido y para que, actuando como “oposición responsable”, puedan volverse a ganar el respeto y cariño de los electores, pero se les olvidan todos los agravios cometidos por los jóvenes gobernadores que al iniciar su sexenio EPN elogió y presentó como ejemplo “del nuevo PRI”, y se les olvida asimismo la merma económica de nuestros bolsillos, el bajo poder adquisitivo que le dejaron a nuestros salarios y la falta de expectativas (y aún de esperanza) que, para mejorar sus vidas, tienen los más de 50 millones de mexicanos que siguen, cotidianamente, debatiéndose entre la pobreza y la miseria. ¿Cómo habrá de remontar todo eso en la medida de que, poco a poco, vayan desapareciendo también los pocos gobernadores priistas que aun quedan en los estados?

No. Lo cierto es que a todos ellos sólo les queda una opción político-electoral: renovarse o morir como partido. Y la renovación implica, incluso, el cambiar de siglas, pero ¿lo harán?

Hace cinco años AMLO tuvo el valor de romper con el PRD e iniciar su propio movimiento para llegar a donde llegó. ¿Hay en lo que resta del PRI un líder capaz de realizar una hazaña política ligeramente similar? Yo, al menos, no lo veo por ninguna parte. Y mientras no brille con su propia luz, el antiguo partido-aplanadora dejará de ir siendo lo que fue, y se irá convirtiendo en otro más de los recuerdos de la historia.

Como le sucederá también, lamentablemente, a nuestro paisano JIPS, quien como gobernador es hoy, ¡apenas en la mitad de su sexenio!, uno de los peores calificados del país, al obtener un poco más de diez puntos porcentuales de aprobación, dentro de un marco en el que el mejor gobernador calificado ni siquiera llega al 55%. Pobre, pues, pero cada quien recoge lo que sembró.

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