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Propuso el Congreso sanciones por más de 2.5 mdp a funcionarios de agua potable

*Califica la Legislatura las cuentas públicas del año 2016 de los nueve organismos operadores

Al calificar las cuentas públicas de los nueve organismos operadores del servicio de agua potable correspondientes al año 2016, el Congreso del Estado propuso sanciones económicas directas por un monto de 2 millones 507 mil 206 pesos.

Con base en el Informe de Resultados de Auditoría de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2016 realizado por el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, la Legislatura propuso sanciones económicas resarcitorias directas por un millón 739 mil 596 pesos a funcionarios de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo.

Para Lutter Hernández José Walter, director del Área Comercial de la Capdam, el Congreso del Estado propuso sanción económica directa por 42 mil 635 pesos, pues presumiblemente habría hecho depósitos de ingresos no localizados en estados de cuenta bancarios.

A la proveedora de la Capdam, Jehovana Ramírez Villalobos, se propuso sanción económica de 18 mil 991 pesos, pues no demostró la realización de trabajos de limpieza y desazolve en drenes pluviales de Manzanillo.

Para Miguel Mendoza Magallón, director técnico de Capdam, por la presunta comisión de diversas irregularidades administrativas, se propusieron nueve sanciones económicas directas que en suma ascienden a un millón 519 mil 060 pesos.

Entre otras presuntas irregularidades detectadas por el Osafig, Mendoza Magallón habría presentado evidencia fotográfica insuficiente para mostrar la ejecución de diversos trabajos que fueron cobrados y pagados.

A Patricia Santos Martínez, directora de Área A del Despacho de la Dirección de Operación de Capdam, se propuso sanción económica directa por 177 mil 901 pesos, pues presuntamente autorizó el pago en demasía por 40 metros lineales del concepto “suministro y colocación de tubería de 3 pulgadas de diámetro”.

De la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Colima y Villa de Álvarez, a la persona física Alejandro Bladimir Mares Álvarez se le propuso sanción económica directa de 10 mil pesos, pues habría subcontratado a terceros el desarrollo de la obra reposición de emisor sanitario de 60 pulgadas de diámetro en el Río Colima cruce con libramiento sur.

A Luis César de la Rosa Ahumada, ex director de Obras y Proyectos de Ciapacov, se le propuso sanción económica directa por 10 mil pesos, debido a que no habría justificado los motivos para omitir la supervisión de la obra antes mencionada e imponer sanciones al constructor por subcontratar servicios de terceros.

Por presuntamente haber autorizado el pago del bono de capacitación y bono de útiles escolares pagado a jubilados y pensionados, sin encontrarse autorizado ni comprendido en el Reglamento para la Jubilación y Pensión de los Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Tecomán, se propuso sanción económica directa por 95 mil 888 pesos al director general de la Comisión de Agua Portable y Alcantarillado de Tecomán, Gildardo Álvarez Pulido.

En tanto, para Sandra Mercedes Martínez Delgadillo, subdirectora de Contabilidad de la Comapat, se propuso sanción económica directa por 95 mil 888 pesos, pues habría pagado los bonos de capacitación y de útiles escolares a jubilados y pensionados, sin encontrarse autorizado ni comprendido en el Reglamento para la Jubilación y Pensión de los Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Tecomán.

También para Sandra Mercedes Martínez se propuso sanción económica por 602 mil 309 pesos, ya que habría pagado la prima vacacional a jubilados y pensionados por viudez de la Comapat, sin encontrarse autorizado en el Convenio General de Prestaciones ni en el Reglamento para la Jubilación y Pensión de los Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Tecomán.

Para Antonio Rodríguez Camarena, ex director de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Coquimatlán, se propusieron dos sanciones económicas directas, una por mil 133 pesos y otra por 9 mil 280 pesos, la primera como importe pendiente de reintegrar por desfases de ingresos a las cuentas bancarias del organismo, y la segunda por no cuantificar servicios externos contratados.

A Rafael Cruz Navarro, exdirector general de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Coquimatlán, se propuso sanción económica directa por 22 mil 500 pesos, por un préstamo otorgado del cual adeuda un saldo por la cantidad propuesta como sanción.

Al director general de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Ixtlahuacán, Horacio Chávez García, se le propusieron tres sanciones económicas directas, una por mil 500 pesos, otra por 2 mil y una más por 13 mil 750 pesos.

Las sanciones propuestas para Chávez García son por pagar mil 500 pesos de gratificación sin encontrarse autorizada dicha partida y sin exhibir autorización para realizar el pago; por expedir un cheque por un importe de dos mil pesos a nombre de sí mismo para pago de prestaciones laborales a Luis Alberto Álvarez Luna y por autorizar pagos de gratificaciones a personal de confianza, por un monto de 13 mil 750 pesos, las cuales no se encuentran autorizadas en el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2016 del organismo.

Para Nicolás Grageda Díaz, director general de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuauhtémoc, se propuso inhabilitación por un año para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público, pues habría contratado como personal a Pablo César Grajeda Ugarte y Juan Martín Grageda García, con quienes tiene parentesco consanguíneo.

Igualmente a Oscar Guerra Guardado, director General de la Comisión de Agua Potable de Armería, se propuso inhabilitación por un año para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público, pues autorizó el pago de 3 millones 461 mil 736 pesos por actualizar el padrón de usuarios de Cofradía de Juárez y la cabecera municipal, haciendo un contrato de obra pública, cuando la naturaleza de los trabajos corresponden a un contrato de prestación de servicios, y por no exhibir evidencia del impacto-beneficio obtenido.

Los nueve dictámenes con la calificación de las cuentas públicas de los nueve organismos operadores del servicio de agua potable correspondientes al año 2016, se aprobaron con observaciones en materia de responsabilidades, por lo que fueron turnados a la Comisión de Responsabilidades del Congreso del Estado.

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