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ESTAMOS DONDE ÍBAMOS A TERMINAR:

El asesinato del director de la CAPDAM abre muchas interrogantes (¿el muerto es el mensaje?). Y pone a las autoridades contra la pared.

ESTACIÓN SUFRAGIO

Adalberto Carvajal

Vivimos una nueva etapa en la inseguridad en Colima. Y entre los indicadores no sólo se incluyen la mala prensa que tiene el gobierno de Ignacio Peralta, como responsable de coordinar los esfuerzos institucionales para mantener la paz y el orden en el territorio.

Este cuestionamiento periodístico que con la nota de The New York Times ya es de alcance internacional, también se expresa en la mención que hacen de Colima los medios mexicanos como el estado proporcionalmente más violento del país, y uno de los que registran mayor número de homicidios dolosos asociados a actividades de la delincuencia organizada.

Otro indicador es el cambio en la percepción que teníamos los habitantes de la zona metropolitana capitalina, de que la violencia se vivía lejos… en el puerto de Manzanillo y, especialmente, en Tecomán.

A quienes habitamos en la zona conurbada Colima-Villa de Álvarez (junto a quienes se mudaron de los municipios costeros buscando huir de la violencia), nos queda claro que en esta ciudad también se han vuelto comunes las ejecuciones en vía pública y en espacios cerrados como son los restaurantes, así como también los enfrentamientos a balazos entre policías y sicarios por las calles y entre las casas.

La comisión de delitos de alto impacto es general ya a todo el estado, las zonas urbanas y las rurales, sin que la autoridad pueda explicarnos las causas ni, mucho menos, garantizarnos que estos episodios violentos, de extrema crueldad, dejarán de ocurrir.

A estas alturas nadie duda que los colimenses sufrimos una nueva etapa de la inseguridad, donde la presencia de carteles dedicados al trasiego de drogas y al narcomenudeo que se disputan sangrientamente la plaza entre sí, dio paso a otros delitos como el secuestro y la extorsión.

¿Se relacionan estos casos con el despojo de tierras para que los grupos criminales se apropien de los cultivos rentables o las dediquen a la siembra de estupefacientes, como ha ocurrido en otras entidades?

¿Y cuánto pasará antes de que se documenten casos de feminicidios para ocultar violaciones, desaparición de menores por tráfico de órganos o redes de trata de personas, delitos que florecieron en otros estados asociados a la impunidad de los carteles?

¿LOS CIUDADANOS ESTÁN SOLOS?

La ola de plagios cometidos en contra de figuras reconocidas de la producción agrícola y los servicios en Tecomán, es un doloroso recordatorio de que, frente a los hampones, los ciudadanos están solos.

El Estado no sólo es fallido, es omiso. Los gobernantes, representantes populares y toda la estructura de gobierno, así como la clase política enfrascada en la próxima contienda electoral, pasan de largo al problema.

Nadie quiere hablar del fenómeno delictivo, los funcionarios se limitan a asegurarnos que personalmente no están metidos en el negocio. Dicen que ellos no se van a sentarse a negociar, y que si alguien vendió la plaza fue otra autoridad.

En su acepción clásica, el Estado ya no ejerce el monopolio de la fuerza. Y todo el tiempo nos demuestra el aparato de seguridad que es inoperante: han puesto narcomantas a una cuadra de Casa de Gobierno y a la misma distancia del C-4, auténtico elefante blanco; han ocurrido balaceras a la vuelta de la residencia oficial, y equidistante del C-4 y de la zona militar funciona una conocida narcotiendita.

Para colmo, la parálisis económica generada por el clima de inseguridad se prolonga. No hay inversiones públicas y las asociaciones público-privadas que se establecieron en el pasado reciente, como la Regasificadora de Manzanillo, dejaron de funcionar. Y los proyectos para generar productos turísticos, señalados por haber privatizado espacios públicos, son aspirinas para el cáncer. La política en materia económica es semejante a la política en seguridad: consiste en dejar hacer y dejar pasar.

La inseguridad se ha convertido en el factor común al fracaso de los programas del gobierno de Ignacio Peralta. Antes nos consolábamos diciendo que, mientras no nos alcance, la violencia puede seguir ocurriendo sin que eso afecte a las actividades económicas y sociales que se dan en el marco de la ley. Pero esa línea divisoria se desvaneció.

EL MUERTO ES EL MENSAJE:

No nos dimos cuenta porque la tesis oficial insistía en que todas las víctimas de los grupos criminales de alguna manera estaban relacionadas con actividades, así fuera las periféricas al narcotráfico, como son el lavado de dinero.

Por esta estigmatización de las víctimas –además de la sospecha de que las instituciones responsables de proteger a la ciudadanía, podrían estar coludidas o infiltradas por los delincuentes, como se ha visto en otras partes de la república– es que las familias afectadas no denunciaban ni reclamaban públicamente al gobierno.

En los hechos que, por su repercusión política o social, resultaban inocultables, las propias autoridades se encargaban de explicar la situación: que no iban por esa niña, sino por la vecinita, hija de un sujeto que debía droga, se dijo en el sexenio anterior; y, en un ejemplo de esta administración, se filtró la versión de que al delegado de una oficina federal lo confundieron con un comandante de la policía ministerial, probablemente involucrado, que usaba una camioneta parecida a la balearon.

Con esas excepciones se mantuvo la tesis oficial: los colimenses que anden derechos no corren riesgos. Mientras, las autoridades descuidaron su principal obligación: mantener el estado de Derecho, combatir a la delincuencia en todas sus formas y garantizar que nadie esté en riesgo de sufrir violencia en las calles o en su domicilio ni por equivocación.

En su comunicado, deplorando el asesinato de un trabajador adscrito al campus Tecomán, la Universidad de Colima describió con precisión el problema que suponen los acontecimientos violentos: “la situación de vulnerabilidad que vive el país desde hace tiempo”, y el estado de Colima particularmente. Para luego pedir que se esclarezca el móvil del crimen, que se castigue a los culpables y, en todos los aspectos del proceso, se haga “una correcta aplicación de la ley”.

El asesinato de Daniel Cortés, director del organismo operador de agua potable de Manzanillo (CAPDAM) abre muchas interrogantes (¿el muerto es el mensaje?) y pone a las autoridades federales, estatales y municipales en Colima contra la pared:

¿Van a seguir obviando la situación o nos dirán de una vez por todas por qué está pasando todo esto y cuál es la estrategia para volver a hacer de Colima el estado seguro que, según la misma propaganda oficial, alguna vez fue?

Mi correo electrónico: carvajalberber@gmail.com. Esta columna también se puede leer en el sitio web CARVAJALBERBER: www.aacb2.com.

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