Refutan diputados priistas información manipulada del PAN

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=Sospechoso que dictamen presentado por los panistas “esté plagado de irregularidades”.=Las irregularidades del dictamen “dejan entrever una posible complicidad de panistas”. =Los propios panistas reconocieron que fallas en el dictamen dan la oportunidad a Anguiano y demás implicados de ganar en tribunales y en un determinado momento eludir la justicia. =El dictamen es tan endeble que en el transcurso de la sesión sufrió modificaciones de último momento. =Omisiones graves en dictamen podrían dar lugar a la interposición de recursos por parte de Anguiano y 5 ex funcionarios.

El Grupo Parlamentario del PRI y los diputados únicos de Nueva Alianza, PVEM y PT en la LVIII Legislatura Local calificaron de “tendenciosa” y “viciada” la información difundida por el PAN y sus diputados en el Congreso que pretenden responsabilizar a legisladores priistas y aliados de los “errores y graves omisiones” en el informe del Osafig y, por ende, en el dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda que abrieron las puertas para que el ex gobernador Mario Anguiano y 5 de ex funcionarios más puedan interponer recursos ante autoridades judiciales.

“Que no quede duda que los diputados priistas y nuestros aliados estamos a favor de la legalidad y la transparencia, no defendemos, ni protegemos, al ex gobernador ni a sus colaboradores y que de demostrarse culpabilidad se aplique lo que ley mandata”, afirmó Federico Rangel Lozano, coordinador de la fracción priista en el Congreso.

Los legisladores priistas y aliados señalaron que “los diputados que apoyamos el voto particular presentado por Santiago Chávez Chávez en la sesión del Congreso del Estado, celebrada el viernes 17 del presente, en la cual la mayoría legislativa (panista) aprobó el dictamen de la Comisión de Hacienda y el informe de resultados del Osafig, de ninguna manera votamos a favor de la comisión de actos ilícitos, deslindando de responsabilidad alguna al ex gobernador Mario Anguiano y cinco de sus colaboradores, como lo señala un comunicado tendencioso del PAN hecho público este fin de semana”.

Los diputados priistas y aliados referimos -sustentado en el voto particular-, que el Osafig y la Comisión de Hacienda “incurrieron en deficiencias y omisiones graves” relacionadas con los derechos constitucionales de audiencia y debido proceso que tiene toda persona que es calificada por una autoridad como presunta responsable de conductas, por las cuales debe ser sancionada.

“Da la impresión que el dictamen está hecho a modo para facilitar su fracaso jurídico, deja entrever una presunta complicidad de quienes lo hicieron, lo cual levanta sospechas pues está elaborado de tal manera que parece que los panistas quisieran facilitar que los posibles inculpados eludan la justicia.

Inclusive, uno de los diputados de la mayoría panista (Nicolás Contreras Cortes, presidente del Congreso), señaló en tribuna ‘un alto grado de preocupación’, pues existen ‘resquicios legales y técnicos’ del documento del Osafig que, en su concepto, pudieran propiciar que los implicados puedan salir impunes”.

Rangel Lozano dijo que los diputados priistas y sus aliados en el Congreso “consideramos, de cara a la reforma constitucional que está en vigor en nuestro país a partir del mes de junio de 2011, que la justicia federal ha sustentado criterios que favorecen a las personas la protección más amplia en materia de derechos humanos, debido a que todas las autoridades -como el Osafig y la referida comisión-, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, como lo determina el artículo 1° de nuestra Carta Magna, que es la norma suprema de la nación.

“Es por ello que en atención a esta obligatoriedad de acatamiento constitucional, sostuvimos que dichas autoridades fiscalizadoras no debían pasar por alto esta disposición, ya que las deficiencias y omisiones detectadas podrían dar lugar a la interposición de recursos por dichas personas (el ex gobernador Mario Anguiano y 5 ex funcionarios más), que dieran al traste con el propósito fundamental que tenemos los 25 diputados de la actual Legislatura, de castigarlas conforme a Derecho, una vez demostrada la comisión de conductas delictivas y administrativas, que causen daños y perjuicios a la hacienda pública estatal”, dijo.

Sin embargo, coincidieron con los diputados panistas “en aplicar todo el peso de la ley a quienes resulten responsables y delincuentes”.

Pero que quede claro, dijo en el Grupo Parlamentario del PRI y aliados “tenemos la plena convicción de que el Informe de resultado y un dictamen deficientes y omisos de los derechos humanos, tarde o temprano generaría una protección constitucional que haría nugatoria la aplicación de la ley.

“Es de señalarse que derivado de las observaciones realizadas por la fracción priista y los diputados aliados del PT, PVEM y Panal se modificó de último momento el dictamen, ya habiendo sido leído íntegramente en tribuna, pero aun así, con las modificaciones hechas presenta inconsistencias en que no sólo coincidimos el PRI y los partidos aliados, sino también algunos diputados panistas, lo que pudiera significar una puerta hacia la no aplicación de la justicia, es decir hacia una posible impunidad”, señaló.

El priista señaló como antecedente de los errores cometidos por la fracción panista, “la interpretación sesgada y errónea del Artículo 57 de la Constitución local donde buscaron que se presentaran ternas para nombrar al gobernador interino, así como también cuando la sala superior de TEPJF emitió una resolución que obligó a la mayoría panista a respetar el plazo y procedimiento, establecido aparte del artículo 57 de la Constitución local, en el artículo 100 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, para nombrar de inmediato al gobernador interino”.

Dada “la división que existe en el grupo parlamentario del PAN” se han echado abajo dictámenes originados en sus iniciativas por los propios panistas, “porque ni entre ellos concuerdan en su visión e intereses lo que ha provocado fracturas en el bando panista que se han traducido en reveses legislativos, en diferentes momentos”.

Para concluir, Rangel Lozano señaló que el PRI, Panal, PVEM y PT “ratifican su compromiso en todo momento con la aplicación irrestricta de la ley y con la aplicación del llamado debido proceso, que no implique ningún riesgo jurídico que permita evadir la aplicación de la justicia”, concluyó

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